El tope del gas es una medida temporal aprobada por el Gobierno mediante Decreto Ley para limitar las subidas de precio en la tarifa eléctrica, fijando un máximo para el gas natural en el mercado mayorista. Es la iniciativa denominada “excepción ibérica”, aplicada en España y Portugal. Así, se prevé que esté vigente en nuestro territorio hasta el 31 de mayo de 2023.

Ambas facturas están directamente relacionadas. El motivo es que debido a la escasez y los conflictos geopolíticos de los últimos tiempos, el gas ha incrementado su precio en los mercados internacionales. Una parte importante de la tarifa de la luz depende del coste del gas, ya que las centrales de ciclo combinado necesitan quemarlo para generar electricidad. Por tanto, al subir el gas, aumenta la electricidad.

El fin de establecer un tope al precio del gas es precisamente contener las subidas en la tarifa eléctrica.

El impacto de esta medida dependerá de dos factores:

• La cotización del gas natural en los próximos meses. Esto se rige en función de la oferta y la demanda, que dependerá de la situación política internacional y los acuerdos alcanzados entre países .
• La energía aportada por las centrales renovables, que tienen el efecto de abaratar el mercado. El precio del kilovatio que se adjudica en la subasta es el que marca el valor de toda la electricidad, según la regulación vigente de la UE. En nuestro caso, el Gobierno estableció mediante Decreto Ley un máximo de 40 euros, que a partir de mediados de febrero se irá incrementando de cinco en cinco, hasta los 70 euros.

En definitiva, el precio mayorista se trasladará en tu factura del gas, pero debemos tener en cuenta que el objetivo último es abaratar el coste de la luz y que las dos facturas en su conjunto sean más asequibles para las familias.