15 DE MARZO: DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS

15 PROPUESTAS PARA EL 15 DE MARZO

1.- Actuación de las administraciones competentes

Debe incrementarse la actividad de vigilancia y sancionadora de la administración para que los operadores del mercado cumplan la legislación vigente en materia de protección del consumidor. España no tiene un problema de legislación que proteja sus derechos de las personas consumidoras, sino de cumplimiento de la misma.

El importe de las sanciones debe ser económicamente disuasorio. Las sanciones deben ser públicas.

2.- Alimentación

Debe garantizarse el acceso a una alimentación de calidad y fomentarse el consumo de alimentos frescos, locales, ecológicos y de temporada en detrimento de los ultraprocesados y envasados. La publicidad o información debe ser veraz y responsable.

En relación con los menores debe restringirse la publicidad de productos procesados y ricos en azúcar. España es uno de los países europeos con mayor obesidad infantil.

3.- Consumidor vulnerable

Es necesario consensuar una definición de la persona consumidora vulnerable, a partir del factor económico, pero también de las características personales o familiares (edad, formación, idioma, salud, necesidades, exclusión social, situación familiar, etc.).

Todos las personas consumidoras deberán tener garantizado el acceso a los suministros básicos (luz, sistema de calefacción o refrigeración, agua y transporte y telecomunicaciones). No podrá interrumpirse o impedirse el acceso a los mismos en situación de vulnerabilidad, especialmente cuando haya menores o personas mayores, ni en periodos críticos.

4.- Fomento del asociacionismo

Deben articularse medidas que permitan a las asociaciones de consumidores realizar la función social que tienen atribuida, la representación, la defensa de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias, y la tarea de reequilibrar la posición de inferioridad en que se encuentran estos.

El fomento de estas organizaciones no puede circunscribirse a la prestación de apoyo económico para la realización de programas concretos, sino que exige que se contribuya económicamente a fortalecerlas para que se doten de estructuras lo suficientemente consolidadas que les permitan trabajar con eficacia en defensa de la persona consumidora.

5.- Ley de Servicio de Atención al Cliente

Debe retomarse la propuesta de Ley de Servicio de Atención al Cliente para garantizar una calidad mínima de estos servicios, tanto en relación al acceso, como a la calidad en la gestión y resolución de las reclamaciones.

Exigimos la aplicación inmediata de la sentencia del TJUE, de 2 de marzo de 2017, que impide el uso de los números 902 para el acceso a estos servicios.

6.- Mecanismos alternativos de resolución de conflictos

Deben articularse mecanismos reales y efectivos que permitan a la persona consumidora resolver sus controversias sin tener que acudir a los tribunales de justicia.

Proponemos que las empresas públicas, las que suministren bienes o servicios estratégicos (suministros básicos) o las que accedan a cualquier ayuda o concesión pública, deban adherirse al sistema arbitral de consumo o sistema alternativo similar.

Igualmente debe otorgarse carácter vinculante a las resoluciones de los organismos públicos a los que puede acudir el consumidor para interponer sus reclamaciones: Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros, AESA, etc.

7.- Medioambiente y sostenibilidad

Deben llevarse a cabo políticas de protección del medioambiente, no solo a las instadas desde Europa, sino convertirnos en un país referente en materia de política medioambiental, transición energética y lucha contra el cambio climático.

Deben diseñarse planes de formación dirigidos a los ciudadanos en materia de consumo responsable.

Debe fomentarse la no generación de residuos, la reducción del uso de plásticos, la compra productos de cercanía y de temporada, el uso del transporte público en detrimento del coche privado y las energías renovables.

Debe trabajarse en pos del consumo responsable, contra el desperdicio de alimentos, el derroche de agua y de la energía.

En definitiva, fomentar el consumo responsable y sostenible. Las empresas deberán que adaptar su forma sobre de producir y generar bienes y servicios a las actuales demandas sostenibles de los consumidores.

8.- Sistema eléctrico

Debe garantizarse un proceso transparente en la fijación del precio de la energía. Dotar a las autoridades de vigilancia de mecanismos ágiles que impidan la alteración del precio de la energía en detrimento de los derechos de los consumidores.

9.- Sistema financiero

Deben articularse mecanismos eficaces que no permitan a las entidades financieras llevar a cabo prácticas abusivas y desleales con los derechos de los consumidores.

El volumen de reclamaciones y procedimiento judiciales instados por los consumidores en estos últimos años evidencian el desequilibrio y la desprotección de estos frente al sector.

10.- Sobreendeudamiento

Debe impulsarse una Ley de Quiebra familiar para los hogares afectados por el sobreendeudamiento, que permita a los tribunales declarar cancelada la totalidad de la deuda tras valorar una serie de elementos como, entre otros, la buena fe de los deudores o la situación en la que se contrajeron los créditos.

11.- Protección de datos

Debe exigirse transparencia sobre el tratamiento que hacen las entidades que recogen y almacenan datos personales, tanto cuando se trate de productos o servicios de pago como de servicios gratuitos. También es necesario reforzar la actuación de vigilancia de las autoridades competentes.

Derogar el artículo 58 bis de la LOREG que permite a los partidos políticos recoger datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos y crear bases de datos con fines electorales.

12.- Telecomunicaciones

Debe existir mayor vigilancia y control sobre las prácticas abusivas y desleales de las operadoras en cuestiones como: la información previa que facilitan a los usuarios, la publicidad emitida para la promoción de sus ofertas, la portabilidad o cancelación de la misma, la permanencia y la penalización en caso de incumplimiento o la gestión de las reclamaciones.

13.- Transporte público

Debe incrementarse la partida presupuestaria destinada a la mejora y modernización del ferrocarril convencional y la red de autobuses. Esto implica el mantenimiento y la mejora en la calidad de los vehículos, las infraestructuras (carreteras, vías y, sobre todo, estaciones) y el servicio que se presta (frecuencia, número de paradas, información al usuario, facilidad de contratación y pago, servicio de atención al cliente, etc.). El tren y el autobús vertebra la interconexión entre los distintos territorios del Estado, haciéndolos accesibles a toda la ciudadanía.

14.- Vivienda

Debe garantizarse el acceso a la vivienda fomentando el alquiler. Este debe ser asequible y garantizar la estabilidad del inquilino en el uso de la vivienda.

Deben articularse medidas para gestionar el parque de viviendas vacías existente en la actualidad en propiedad de bancos, inmobiliarias, fondos de inversión, Sareb y administraciones públicas adoptándose medidas fiscales y legislativas que lo favorezcan.

Deben adoptarse medidas de protección en caso de desahucios, ya sean de alquiler o de compraventa, de familias o personas vulnerables sin solución habitacional.

15.- Zonas Rurales

La particularidad de las zonas rurales, alejadas de los núcleos urbanos, exige que los servicios que se prestan en estas zonas sean de calidad y efectivamente funcionales. Padecen, entre otras problemáticas, las relacionadas con las continuas interrupciones del suministro eléctrico, las restricciones en el acceso a un servicio de telecomunicaciones de calidad, unos transportes públicos deficientes y dotaciones de servicios sanitarios y educativos insuficientes. La mejora de estos servicios favorecería la repoblación de las zonas rurales.

 

Estas son algunas de las propuestas que en materia de consumo la Confederación de Consumidores y Usuarios -CECU-  (a la cual pertenece EKA/ACUV) cree que deben formar parte de un plan estratégico de defensa y promoción de los derechos de las personas consumidoras a desarrollar y ejecutar en la próxima legislatura.

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