El pasado año 2016, nuestra socia contrató telefónicamente con Vodafone un paquete de telefonía, recibiendo un correo electrónico de la compañía en el que le confirmaban la contratación efectuada.

Tras sopesar tranquilamente las condiciones ofertadas por Vodafone, nuestra socia decidió desistir de lo contratado y ejerció su derecho de desistimiento en tiempo y forma. Al igual que cuando contrató, desde Vodafone confirmaron que el pedido había sido cancelado.

A pesar de ello, la compañía de telefonía ha estado facturando a nuestra socia tanto los importes correspondientes al servicio como los intereses por impago de los mismos, desde la fecha de contratación hasta día de hoy.

Así las cosas, el pasado mes de julio nuestra asociada recibió una carta de una compañía de recobros, en la que le reclamaban una deuda que ascendía a 1.235,06€.

A pesar de las múltiples llamadas realizadas a la compañía de telefonía explicándoles la improcedencia de las cantidades que le reclamaban, nuestra socia continuaba recibiendo avisos en los que le advertían que, de no pagar, le demandarían judicialmente.

Tras acudir a nuestra oficina de Donostia buscando una solución a su problema, y ponernos desde EKA en contacto con Vodafone, la entidad reclamada ha contestado mediante un escrito en el que manifiesta que han anulado el importe pendiente de pago que presentaba nuestra socia, así como que han excluido sus datos de cualquier fichero sobre solvencia patrimonial negativo en los que hubieran sido incluidos.