Electricistas, albañiles, fontaneros, carpinteros, instaladores de gas, cristaleros, pintores, cerrajeros… Estos y otros gremios forman los “servicios a domicilio”, un sector que en la CAV está regulado mediante un decreto específico desde 1995 y que, pese a ello, genera numerosas reclamaciones, en gran medida por el desconocimiento de sus derechos por parte de los consumidores y por el incumplimiento de sus obligaciones (entre las que destacan el presupuesto y la factura) por parte de los profesionales.

El profesional de la obra a domicilio está obligado a presentar un presupuesto por escrito en el que deben figurar los siguientes datos: identificación de la empresa y del cliente; descripción del servicio, características, calidades y resultado final acordado; precio total (impuestos incluidos), desglosado por materiales, mano de obra, gastos de desplazamiento…; forma de pago; periodo y condiciones de la garantía; fecha prevista de inicio y fin de obra; periodo de validez del presupuesto; fecha y firma o sello del profesional.

El presupuesto puede tener un coste (la empresa lo debe advertir con claridad) y puede variarse una vez iniciado el trabajo (por la aparición de defectos ocultos, porque el cliente quiere algún cambio…) siempre y cuando lo acuerden y lo firmen ambas partes.

Para ser correcta y legal, la factura debe corresponder con precisión al presupuesto firmado y al trabajo realizado e incluir los siguientes datos: identificación de la empresa y del cliente; número de factura; descripción del servicio realizado; precio total y desglosado; condiciones, contenido y duración de la garantía del servicio y de los materiales empleados; fecha y firma de la empresa.

La empresa no puede cobrar al cliente los materiales usados por encima de su precio de venta al público y debe tener a su disposición las facturas de compra de los materiales o sus tarifas vigentes.

Las reclamaciones pueden tramitarse por las vías habituales (OMICs, asociaciones de consumidores y Kontsumobide) y también dirigirse al Departamento de Industria del Gobierno vasco.