EKA/ACUV se manifiesta rotundamente en contra de la liberalización comercial que pretenden imponer en Euskadi el Tribunal Constitucional y el Gobierno de Madrid

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La asociación de consumidores EKA/ACUV considera una muy mala noticia para el pequeño y mediano comercio, para los trabajadores del sector comercial, para los consumidores y para la sociedad vasca en general el auto del Tribunal Constitucional que desestima el recurso del Gobierno Vasco contra el Real Decreto-Ley 20/2012 del Gobierno de Rajoy, que liberalizaba totalmente las rebajas y ampliaba los horarios comerciales en todo el Estado. El auto del Tribunal Constitucional obliga, vulnerando las competencias vascas en materia comercial, a que también la CAV deba empezar a cumplir el citado decreto, que supone la desaparición de los dos periodos oficiales de rebajas (las de invierno y las de verano) y abre por tanto la posibilidad de que los comercios hagan rebajas y descuentos cuando quieran, cualquier día del año, la ampliación del horario comercial de 72 a 90 horas semanales y la ampliación de 8 a 10 en el número de días festivos por año en que pueden abrir los comercios de más de 150 metros cuadrados.

La liberalización total de las rebajas acarrea la liquidación del propio concepto y la tradición de las “rebajas” de invierno y de verano, que ha funcionado bien tanto para los comerciantes como para los consumidores desde que se estrenó hace más de treinta años. Este cambio beneficia a las grandes cadenas y franquicias y perjudica al pequeño y mediano comercio, que no va a poder competir con las agresivas políticas de precios y de ofertas permanentes de las primeras.

El mismo efecto va a tener la ampliación de los horarios comerciales y del número de festivos anuales en que los comercios pueden abrir: bueno para las grandes cadenas y franquicias, más competitivas gracias en parte a la precaria situación laboral que imponen a sus empleados; malo para el pequeño y mediano comercio, al cual abrir más horas y más días le exige un esfuerzo extraordinario y de muy dudosa rentabilidad. Así lo vienen expresando desde hace años las propias asociaciones de comerciantes de Euskadi, contrarias a la liberalización total que trata de imponer el Gobierno de madrid y alineadas con el Gobierno Vasco en la defensa de sus competencias en materia comercial y de un modelo regulado que permita la supervivencia del pequeño y mediano comercio. Y lo mismo opinan y dicen los sindicatos y representantes de los trabajadores del sector, con unas condiciones laborales cada vez más precarias, especialmente en las grandes cadenas y franquicias comerciales.

Tampoco para los consumidores supone ninguna ventaja la flexibilización comercial, expresión de un neoliberalismo salvaje que busca una sociedad febril, “abierta 24 horas”, entregada a la producción y al consumo, que no cierra nunca, que no descansa, que no puede conciliar trabajo y vida familiar. La gente gasta lo que puede y lo que necesita gastar, y no va a comprar más por tener las tiendas abiertas más horas al día y más días al año. Así lo indican con claridad todas las encuestas realizadas en los últimos años entre los consumidores sobre la necesidad o no de mayor flexibilidad comercial. Además, la paulatina desaparición del pequeño comercio en favor de las grandes cadenas y franquicias a que conduce la desregulación comercial conlleva sin duda una concentración en cada vez menos manos y una homogeneización de los productos y los servicios que reduce la diversidad de la oferta y por tanto las opciones de elección de los consumidores. La desaparición del pequeño comercio es también una gran pérdida para la animación y la actividad social en las calles de nuestros pueblos y ciudades, que se desertizan y se entristecen al trasladarse esa actividad a los templos del consumismo, de la estandarización y de la desnaturalización social que son los grandes centros comerciales.

No es esa la sociedad que quiere EKA/ACUV, y por eso esta asociación critica con dureza la liberalización comercial que pretenden imponernos en Euskadi el Gobierno del Estado español y el Tribunal Constitucional.

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